El Gobierno asigna 33% menos de lo que piden las universidades y se profundiza el conflicto

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una asignación de $ 7,3 billones para las 60 universidades públicas del país. La cifra representa un 33% menos respecto de los $ 11 billones que reclaman los rectores para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

En el marco de una presentación ante diputados y senadores, el Consejo Interuniversitario Nacional difundió su propuesta de recursos para el año próximo.

Las autoridades de las casas de altos estudios advirtieron sobre las dificultades que generará el monto contemplado por la administración central.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fundamentó la necesidad de actualizar la partida presupuestaria.

"Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene", alertó el directivo.

Números en debate y la Ley de Financiamiento

La propuesta elaborada por las universidades contempla $ 11 billones destinados a cubrir salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia, tecnología, becas y hospitales. Desde el organismo interuniversitario precisaron que la partida salarial representa casi el 90% del presupuesto total estimado.

Según explicaron los rectores, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario el Poder Ejecutivo debería haber proyectado de base $ 9,8 billones. A ese monto se añadieron actualizaciones para otras áreas operativas y de asistencia académica hasta alcanzar los $ 11 billones.

"Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no. Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado $ 9,8 billones. Llegamos a $ 11 billones con actualizaciones de otras áreas", sostuvo Bartolacci.

La posición del Poder Ejecutivo y la discusión salarial

Desde el oficialismo calificaron el reclamo presupuestario de las universidades como injustificado y remarcaron que la actividad de las instituciones está garantizada para el próximo año.

Voceros gubernamentales indicaron que el proyecto incluye un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y contempla una inflación proyectada del 18% para 2027.

En el Poder Ejecutivo señalaron que la diferencia principal radica en los haberes salariales. Al respecto, el oficialismo argumentó que con el acuerdo paritario que otorgó un 21,3% en junio y un 3% en octubre se ubican un 1,15% por encima de lo dispuesto en sede judicial.

Por su parte, las universidades rechazan ese cálculo y afirman que las recomposiciones acordadas solo cubren un tramo del ajuste pendiente.

De acuerdo con las autoridades universitarias, el Estado aún adeuda un 31,2% de recomposición salarial para dar cumplimiento efectivo a la norma aprobada por el Congreso.

El frente en la Justicia y gestiones políticas

El conflicto mantiene además una instancia judicial abierta tras la medida cautelar dictada en diciembre por el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick. El fallo ordenó al Ejecutivo dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El magistrado denegó el 1 de septiembre un pedido del Gobierno para levantar la medida y ratificó su vigencia. Previamente, el 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme la cautelar en favor de las casas de estudios, publicó Clarín.

Frente a la falta de efectivización de los pagos, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un pronto despacho ante el juzgado. "Esperamos que avance la sentencia por la cuestión de fondo de nuestro reclamo. Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple", afirmó el titular del organismo.

En paralelo, las universidades promovieron presentaciones reclamando multas a funcionarios e intimación de causa penal por desobediencia. Además de las gestiones en el Congreso, los rectores prevén exponer el proyecto presupuestario ante los gobernadores de las provincias donde funcionan las casas de altos estudios.