Judiciales

El Procurador General repuso a la fiscal Cecilia Goyeneche en el cargo del que fue destituida

El Procurador Jorge Amílcar García dispuso “reponer” a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche “en la situación administrativa” en la que se desempeñaba antes de que fuera apartada de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento, avalado por el Superior Tribunal (STJ), fallo que luego fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Procurador General de la provincia, Jorge García, dispuso “reponer a la Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche en la situación administrativa anterior al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos  del 10 marzo de 2023, es decir como suspendida en el cargo pero dentro del Poder Judicial de Entre Ríos”. También manifestó que “y en lo que respecta a los haberes retroactivos a esa fecha, corresponde para su cálculo y liquidación que se dé intervención al área Contable del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

Goyeneche fue destituida del cargo –en fallo por mayoría del Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) de la provincia- el 4 de mayo de 2022 con base en las causales de “conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo” y “mal desempeño de sus funciones” en la causa conocida como Contratos Truchos.

Aquella sentencia de un órgano político de la Constitución Provincial fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 6 de diciembre de 2024 ante lo que consideró “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones  del  órgano  juzgador  en  sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa enjuicio de la recurrente que, a su vez, exhibe entidad suficiente para variar la suerte  de  la  causa  y  acarrear  la  nulidad  del  procedimiento  a  partir  de  la conformación del primer órgano juzgador”.

La Corte consideró que “para  resolver  de  ese  modo, (N de la R: por la destitución)  el  órgano  juzgador  desestimó  las cuestiones preliminares planteadas por la enjuiciada y tuvo por probados los hechos que se le imputaron. Sobre esa base, consideró que Goyeneche había incumplido sus deberes como fiscal en la causa ‘Beckam’, que le imponían llevar a cabo una investigación objetiva y transparente y la obligaban a inhibirse en caso de tener alguna relación con los imputados”.

Malhadado e ilegal

En aquel fallo, la Corte expresó “que, finalmente, corresponde aclarar que lo que aquí se decide no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”, lo que contrastaría con las expresiones del procurador general que en el escrito dirigido al presidente del STJ, Leonardo Portela, solicitando “su reposición administrativa al Poder Judicial”, opinó que la separación del cargo fue “ilegal” y otras consideraciones del mismo tenor.

García también opinó que “más allá que la contundencia del fallo anulatorio de la CSJN, que como Último intérprete de la Constitución Nacional ordena que una nueva composición del STJ deba anular el Jury de Enjuiciamiento a Goyeneche, lo que sella definitivamente la suerte de este malhadado e ilegal procedimiento, resulta a todas luces evidente que, de pleno derecho, la Magistrada se halla en la situación  previa  al dictado  del  fallo  del Recurso  de Inconstitucionalidad local, pues el HJE había concedido la apertura de dicha impugnación”.

Continuó el procurador con su posición señalando que “su situación es entonces, a la fecha la de Magistrada aún suspendida, pero formando parte del MPF del Poder Judicial, ya que el vicio procedimental nulificante retrotrae sus efectos ”ex tunc“, y sin perjuicio reiteramos, que estos efectos retroactivos se han de perfeccionar al momento de que el nuevo Tribunal Superior cumpla con el mandato nulificante de la CSJN”.