Empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, con la reforma laboral como objetivo clave

Después de un mes de descanso y un cierre de año también con plazos operativos extendidos, el Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei hasta el 27 de febrero. Con el foco central puesto en la sanción de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo buscará sancionar ese y otros proyectos con los que el Gobierno busca impulsar su segundo tramo de mandato.

Desde diciembre, La Libertad Avanza centró su mayor esfuerzo legislativo en la iniciativa de "Modernización" de la Ley de Contrato de Trabajo, considerada clave y a la que solo le resta la luz verde de la Cámara alta.

Para ello, la presidenta del interbloque violeta Patricia Bullrich logró un dictamen de mayoría, pero no consiguió llevarlo al recinto debido a cuestiones vinculadas con el tratamiento del Presupuesto 2026 y las negociaciones pendientes con gobernadores. Por su parte, la CGT comienza en paralelo una gira para convencer a mandatarios provinciales de negarse a dar su apoyo.

La llamada "ley de leyes" fue la primera normativa de ingresos y gastos previstos para el año que obtuvo la aprobación parlamentaria desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ahora la primera misión de la coalición oficialista es lograr la sanción de la nueva normativa laboral. Con el despacho listo, solo pendiente de tratamiento y votación por el pleno, Bullrich fijó el miércoles 11 de febrero como fecha tentativa de sesión.

Durante enero, la asesora y abogada Josefina Tajes compiló las observaciones de la oposición dialoguista; y, en la última reunión, el oficialismo y los potenciales aliados trabajaron por más de dos horas para pulir la propuesta. En esas conversaciones quedó claro que las modificaciones consensuadas están en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, de cara al encuentro previsto para el martes en el bloque radical.

Con La Libertad Avanza impulsando un avance que en diciembre no logró concretar, la fijación informal de una fecha y la posibilidad de un segundo intento elevan la temperatura en la Cámara alta. El kirchnerismo, por ahora, permanece mayormente ausente del debate formal, por lo que buena parte del destino del proyecto dependerá de la capacidad de maniobra del oficialismo, o mejor dicho del Ejecutivo, para cerrar filas con los gobernadores, con quienes el ministro del Interior, Diego Santilli, se ha estado reuniendo todo el verano.

Justamente este es una de las cuestiones más delicadas, ya que los jefes de Estado están atentos al impacto en la coparticipación. La discusión sobre reparto de recursos subraya tensiones: aunque se argumente que la Nación resultaría la más afectada en términos fiscales, la distribución de costos y la capacidad operativa para cubrir eventuales vacíos generan inquietud entre las provincias.

El ajuste fiscal de los últimos dos años agrava la sensibilidad territorial; muchos senadores, más que por cuestiones ideológicas, ponderan el efecto cotidiano sobre ingresos y proyectos locales, y detrás de ellos emergen actores oportunistas que buscan capitalizar cualquier descontento contra el Ejecutivo.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 senadores, pero para alcanzar el quorum y habilitar el recinto se requieren 37. En ese marco, el oficialismo debe negociar con al menos diez representantes de la Unión Cívica Radical, liderados por el correntino Eduardo Vischi, y con sectores del PRO -tres adhesiones del espacio misionero conducido por Martín Goerling son especialmente relevantes-, además de representantes provinciales cuya lealtad no siempre responde a estructuras partidarias previsibles.

En la agenda del Senado también figura otro proyecto con dictamen: modificaciones a la Ley de Glaciares, iniciativa que despierta interés entre varios gobernadores por las inversiones millonarias en juego y que enfrenta posiciones fuertemente contrapuestas.

Asimismo, entre los temas pendientes aparecen el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador político. Esos dos asuntos implican conformación y presidencia de comisiones, un terreno tradicionalmente áspero donde oficialistas y aliados compiten intensamente por posiciones de influencia; la integración de comisiones suele condicionar el ritmo y el alcance del tratamiento posterior.

Con esa composición e intereses en juego, el Gobierno enfrentará un nuevo período de sesiones extraordinarias en un Senado fragmentado y permeable a negociaciones coyunturales.