Presupuesto

Milei apelará el fallo que ratificó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En el Gobierno pretenden que se anule la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó la aplicación de la actualización en salarios, becas y programas de investigación.

Luego de la ratificación por parte de la Justicia de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, el Gobierno resolvió que apelará el fallo. En caso de recibir un nuevo rechazo, llevará el conflicto hasta la Corte Suprema.

La Casa Rosada comenzó este mismo martes a delinear la estrategia judicial para revertir la decisión que tomó la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que determinó el cumplimiento de la iniciativa que implica la actualización de los salarios docentes, las becas y los programas de investigación.

En primer lugar, el oficialismo apelará ante la misma Cámara, conformada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán. Sin embargo, como esperan otro revés, iniciaron el trabajo para lograr una definición favorable en el Máximo Tribunal.

Según lo consignado por A24, será el equipo a cargo de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, el que se encargue de presentar el "recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia".

Los puntos de conflicto giran alrededor de los artículos 5 y 6 de la ley, que definen que los salarios de docentes y no docentes se deben actualizar entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no menor a la inflación del período.

En el fallo que ratificó la aplicación, los jueces señalaron que "no debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo".

"Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación", recordaron los magistrados. No obstante, remarcaron que "la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación", por lo que confirmaron la obligatoriedad de ejecutarla.

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