Las claves de la ley que reglamentó el Ejecutivo para que los argentinos formalicen sus dólares

A poco más de un mes de que el Senado convirtiera en ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno aspira a fomentar el uso de dólares adquiridos en el mercado informal, el Ejecutivo nacional reglamentó la normativa que fue uno de los objetivos propuestos por el ministro de Economía, Luis Caputo, con apoyo del presidente Javier Milei que lo consideran "el blanqueo popular permanente más grande de la historia".

Este lunes fue publicado el Decreto 93/2026 con los pormenores acerca de cómo se deben sacar los "dólares del colchón" y qué beneficios tendrán los contribuyentes al creado Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). En tanto, en los próximos días habría más detalles complementarios, mientras se aguarda la reacción de los bancos y los clientes.

En un Anexo del texto oficial, el Gobierno incluyó el detalle de la Reglamentación del Capítulo III del Título II de la Ley Nº 27.799 que reforma el Régimen Penal Tributario, en la cual se elevaron significativamente los montos para que la evasión sea punible. La medida, que busca agilizar el cumplimiento fiscal con un régimen de declaración jurada, apunta a promover la formalización de las inversiones, llevando el foco de la persecución administrativa a los casos de mayor magnitud. 

Además de introducir el RGS, por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que se adhieran quedarán "blindados para siempre", la norma introdujo modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, así como también al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Este nuevo régimen de Ganancias, que tiene un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA solo les cobrará el Impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado), y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

La norma aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito "evasión simple", pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de "evasión agravada", el piso tiene que superar los $1.000 millones (ya no más $15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien la ley apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.