Ley de Libertad Educativa: 10 claves del proyecto que habilita vouchers, homeschooling y Consejos de Padres

El Gobierno nacional presentó este martes el proyecto de ley del Consejo de Mayo que busca cambiar la estructura del sistema educativo argentino. La iniciativa, denominada “Ley de Libertad Educativa”, reemplaza a la normativa vigente desde 2006.

El texto pone un énfasis marcado en el rol de las familias en la educación de sus hijos, mientras impulsa una mayor autonomía para las instituciones escolares y un control más estricto sobre los gastos. El proyecto incluye la creación de un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) y la legalización del financiamiento por la demanda, conocido popularmente como sistema de "vouchers". Se dio marcha atrás con algunos ítems que generaron conflicto en borradores anteriores, como la habilitación de la educación religiosa en las escuelas estatales con financiamiento público.

La presentación del proyecto se da en el marco de una profunda crisis de resultados educativos. Según el análisis del Consejo, los desempeños de los estudiantes argentinos en las pruebas internacionales PISA “han tendido a deteriorarse con el tiempo o, en el mejor de los casos, a estancarse”, ubicando a la Argentina “sistemáticamente entre los desempeños más bajos” de la región.

El informe detalla que, a nivel nacional, la evaluación Aprender Secundaria (2024) mostró que el 82,3% de los alumnos de último año se ubicó por debajo del nivel satisfactorio en Matemática y el 43,1% en Lengua. La brecha se agrava por nivel socioeconómico: en Matemática, la diferencia entre el quintil más bajo y el más alto es de 17 puntos (93% debajo del nivel satisfactorio contra 76%).

En la evaluación Aprender Alfabetización (2024), más de la mitad de los estudiantes de 3º grado de primaria (54,9%) no alcanzó los niveles de lectura esperados. El Consejo argumenta que la decadencia reside en los déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas del diseño institucional, caracterizado por una estructura "excesivamente centralista y burocratizada".

Las diez propuestas centrales de la ley

El proyecto está articulado en diez propuestas clave que buscan modificar la dinámica tradicional del sistema:

1. Libertad educativa y centralidad de la familia: Ratifica la libertad educativa como un derecho humano y a la familia como el agente primario, garantizando su derecho a elegir la educación acorde a sus convicciones.
2. Sistema plural y autonomía institucional: Reconoce la autonomía pedagógica y curricular para todas las instituciones, tanto estatales como privadas. Esto incluye la capacidad de definir proyectos institucionales, métodos de enseñanza y organización interna. Promueve la participación de los padres en escuelas estatales mediante Consejos con funciones consultivas y de acompañamiento.
3. Educación, servicio esencial: Declara a la educación básica como un servicio esencial, lo que implica que la continuidad mínima del servicio debe estar garantizada, incluso en situaciones de conflicto laboral.
4. Nuevas formas de escolarización: Se reconocen formatos diversos, incluyendo el homeschooling (Educación en el hogar), presenciales, híbridos y a distancia, bajo supervisión y evaluación basada en estándares nacionales. En el caso del homeschooling, los alumnos deberán anotarse en el sistema y rendir las evaluaciones correspondientes para acreditar conocimientos.
5. Contenidos mínimos y mayor libertad curricular: Se establecen criterios para formular contenidos mínimos obligatorios a nivel nacional y jurisdiccional, pero se reserva una porción significativa de la jornada escolar para propuestas de definición institucional que respondan a las necesidades de cada comunidad.
6. Fortalecimiento de la evaluación educativa: Se afianza un sistema nacional de evaluación "objetivo, transparente y periódico". Los resultados de las evaluaciones censales serán publicados anualmente, desagregados por institución educativa, en un portal digital abierto. (Esta publicación, desagregada por institución, representa una novedad, ya que la ley vigente lo prohíbe). Además, se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES).
7. Federalismo concertado: Consolida al Consejo Federal de Educación como ámbito de coordinación con acuerdos vinculantes en temas estratégicos, buscando fortalecer un federalismo cooperativo.
8. Nuevo marco para la docencia: Proyecta modernizar la carrera docente con criterios de mérito, desempeño y evaluación periódica. La ley establece la evaluación de los docentes al menos cada cuatro años y promueve la participación del equipo directivo en los procesos de selección de personal.
9. Régimen de Prácticas Formativas: Busca redefinir la vinculación entre educación y trabajo ofreciendo experiencias reales en ambientes productivos a jóvenes desde 16 años, personas sin experiencia y graduados recientes.
10. Nuevas modalidades de financiamiento y transparencia: Se analiza una combinación de aportes a la oferta y a la demanda. El artículo 83 establece que el sistema podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda mediante "vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes", orientados a asegurar la libre elección.

Financiamiento por demanda y el rol de los padres

El proyecto legaliza la modalidad de financiamiento por la demanda. El concepto central es que la asignación de recursos siga al alumno y a la decisión de los padres, en lugar de financiar directamente las instituciones. El texto legal establece que estas asignaciones están orientadas a "asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje".

En esta línea, la ley introduce la creación de Consejos Escolares de Padres en cada institución estatal. Estos consejos tendrán funciones de asesoramiento, orientación institucional y supervisión. Pero su principal novedad y potestad es la participación activa en la gestión del personal directivo. El proyecto detalla que el Consejo Escolar de Padres "debe participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución".

Además de las propuestas del Gobierno, la discusión en el Consejo de Mayo incluyó aportes de otros actores. Gerardo Martínez, por ejemplo, propuso un Sistema Integral de Formación Profesional (FP) que articule educación, producción y trabajo, señalando que la FP debe ser "eje del desarrollo productivo y la inclusión laboral".

Por su parte, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que la transición educativa debe acompañarse de un marco laboral que facilite la empleabilidad, proponiendo "modalidades más flexibles de contratación a plazo (totalmente registradas)" y un régimen “Sub 30” para jóvenes sin experiencia.

Finalmente, el bloque del PRO, a través de Cristian Ritondo, acercó su propuesta que incluye declarar la educación "servicio estratégico esencial", fijar un mínimo de 190 días efectivos de clase, y hacer obligatoria la educación inicial desde los 3 años. El legislador también promovió el uso de un Sistema de Alerta Temprana contra la deserción, la inclusión de educación emocional, financiera, programación y robótica, y un mayor control y transparencia en las universidades. El objetivo de estas propuestas es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, que según el Consejo de Mayo son actualmente "débiles y opacos".