Morosidad récord: bancos toman medidas urgentes y renegocian cuotas con clientes deudores

La presión sobre los ingresos de los hogares argentinos ya se trasladó de lleno al sistema financiero. En este escenario, bancos de primera línea comenzaron a contactar a clientes con atrasos superiores a los 90 días para renegociar créditos que, en muchos casos, se volvieron impagables. La estrategia, aún incipiente y manejada con discreción, busca contener un deterioro mayor en la calidad de las carteras.

El trasfondo es un dato que enciende alarmas: la morosidad en los créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, acumulando 16 meses consecutivos de suba y ubicándose en su nivel más alto desde 2004. Se trata de un fenómeno extendido, que ya impacta en casi todo el sistema financiero y refleja el descalce entre ingresos en retroceso y un costo del crédito que sigue en niveles elevados.

En ese contexto, las entidades optan por una salida pragmática. La renegociación se construye caso por caso, con esquemas que incluyen extensión de plazos, reducción de cuotas y, en algunos casos, ajustes en el costo financiero. El objetivo es lograr que el cliente pueda volver a pagar y evitar que la mora siga escalando.

El foco está puesto, sobre todo, en los créditos personales de corto plazo -generalmente menores a 36 meses- que fueron tomados en un escenario económico distinto y que rápidamente quedaron desfasados frente a la caída de ingresos o la pérdida de empleo.

Sin embargo, el problema excede a situaciones individuales. La mora ya es un fenómeno sistémico: alcanza a 28 de las 30 principales entidades financieras del país, lo que confirma que no se trata de errores puntuales de gestión, sino de un cuadro macroeconómico más amplio.

El panorama es aún más delicado fuera del sistema bancario tradicional. En entidades no financieras, la morosidad trepó al 29,9% en febrero, reflejando el impacto de condiciones de financiamiento más duras y menos reguladas.

Detrás de esta dinámica aparece una combinación que tensiona al máximo a los hogares: tasas nominales cercanas al 70% anual, costos financieros totales que pueden superar el 250% y una pérdida sostenida del poder adquisitivo. El resultado es un esquema en el que el crédito deja de ser una herramienta de consumo para convertirse en una carga difícil de sostener.

A pesar de que el Banco Central avanzó en cierta flexibilización monetaria, las tasas al consumidor no muestran una baja significativa. En el sector explican que esto responde a tres factores centrales: el aumento del riesgo de impago, la incertidumbre sobre la política de tasas y un desacople creciente entre la tasa de referencia y el costo final del crédito.

En paralelo, el Congreso comienza a intervenir en el debate. Un proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Santiago propone la creación de un régimen extraordinario de regularización de deudas, con mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para personas con dificultades de pago. La iniciativa apunta a deudores clasificados en niveles de riesgo medio y alto, e incluye tanto a bancos como a fintech y otros prestamistas.

La decisión de los bancos de salir a renegociar deudas marca un punto de inflexión. El problema dejó de ser marginal y se transformó en estructural. Sin una recomposición de ingresos y sin un sendero claro de tasas, la normalización del crédito aparece, por ahora, como un proceso lento y todavía incierto.