Uno por uno, los cambios más importantes que busca la reforma de la Ley Penal Juvenil

El Gobierno Nacional confirmó esta semana la incorporación al temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso la reforma de la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que incluye la baja de la edad de imputabilidad como punto central, pero que también pone la lupa en otros aspectos. La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo busca modificar el régimen vigente para adolescentes, un punto en conflicto con la normativa actual.

La discusión no es nueva y ya había avanzado durante 2024 y parte de 2025, cuando el oficialismo logró un dictamen de mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la falta de consensos políticos impidió su tratamiento en el recinto. Con el recambio legislativo, el texto perdió estado parlamentario y ahora la meta es lograr su sanción.

Aquel despacho fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, los últimos dos con algunas disidencias.

Uno de los ejes centrales es la edad mínima para una imputación penal, que el proyecto original fijaba en 13 años frente al umbral actual de 16. Tras las negociaciones con aliados, el dictamen consensuado estableció finalmente los 14 años como piso para la aplicación del régimen juvenil, con el objetivo de fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos.

En materia de sanciones, se acordó un tope máximo de 15 años de privación de la libertad para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, y se prohibieron las penas de prisión perpetua.

El texto -que habrá que ver si tendrá algún cambio con la nueva presentación- también prevé amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de programas educativos, laborales y de asistencia psicológica. El cumplimiento de las medidas estará a cargo de supervisores especializados designados por el juez.

Por último, el proyecto garantiza procesos reservados, la protección de la identidad de los adolescentes y derechos reforzados para las víctimas.

La decisión de reactivar este debate parlamentario se produjo en un contexto de alta sensibilidad social por delitos recientes protagonizados por menores, lo que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. La decisión de incorporarlo al período adicional que se iniciará en el Congreso el 2 de febrero próximo fue tomada por la mesa política, anunciada el último lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada el martes en el Boletín Oficial.