Reforma laboral

Bullrich reinició las reuniones del Senado y la CGT definió marchas contra el proyecto

Tras entrevistarse con otros jefes de bloque, la encargada libertaria del tema en la Cámara alta habló de un "acuerdo consolidado", al tiempo que los gremios "duros" de la central obrera definieron movilizar el próximo mes.

Con el objetivo de acercar posiciones en torno al tratamiento de la reforma laboral, que el oficialismo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero, Patricia Bullrich inició este miércoles una serie de encuentros con los titulares de bancadas dialoguistas del Senado, tras lo cual habló de "un acuerdo bastante consolidado". Por su parte, los gremios "duros" de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) definieron realizar el próximo mes en Córdoba y Rosario marchas en contra del proyecto.

La definición sindical tuvo lugar en una reunión realizada en la sede porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la que se convocó a los dirigentes que rechazan la iniciativa del Gobierno y demandan una posición más contundente de la conducción de la central obrera.

En representación del oficialismo, la exministra de Seguridad y jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien es la encargada de llevar la propuesta violeta a puerto, destacó luego del cónclave, del que no pudo participar el PRO: "Hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles".

La cumbre, que duró más de dos horas, contó con la presencia de Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical (UCR); Flavia Royón, Primero los Salteños; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de La Concordia Social (no massista), y Natalia Gadano, de Alianza por Santa Cruz.

En tanto, en el encuentro al que citó el secretario general de la UOM, Abel Furlán, en la sede porteña del sindicato metalúrgico, sobre la calle Alsina, los referentes de más de una veintena de gremios, entre ellos Luz y Fuerza; Aceiteros; Personal Aeronáutico (APA); Pilotos (APLA); Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales; Mineros y Gráficos, se resolvió convocar al menos dos movilizaciones: una en Córdoba para el 5 de febrero y otra en Rosario para el 10 del mismo mes.

Los mismos sindicatos que se reunieron este miércoles ya se habían congregado la semana pasada, cuando declararon en "estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei" y llamaron a una nueva cita para definir líneas de acción.

La central obrera atraviesa tensiones internas, ya que el encuentro anterior provocó malestar en cúpula de la CGT, que le reprochó a Furlán moverse de manera "inconsulta e inorgánica", en contraposición con la estrategia más moderada del triunvirato que dirige a la central. El punto es que los sectores más dialoguistas privilegian el trabajo informal con gobernadores y legisladores, a la vez que los dirigentes más confrontativos reclaman actuar simultáneamente por las vías jurídica, legislativa y de protesta social para frenar el avance sobre los derechos laborales.

Los gobernadores y el Ejecutivo

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con las reuniones territoriales con gobernadores con el objetivo de asegurarse apoyos provinciales para el proyecto. Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, gestiones que -de terminar positivamente- podrían elevar a diez el número de respaldos a la propuesta oficial.

Hasta ahora, el Gobierno logró el aval público de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ese aval de los jefes territoriales constituye un componente clave en la estrategia oficial para garantizar el tratamiento y eventual sanción de la denominada "Modernización" Laboral.

La iniciativa forma parte de una agenda legislativa amplia que el Gobierno pretende impulsar durante todo febrero, junto con la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la recientemente incorporada propuesta para modificar la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad. Ante la gran cantidad de temas, el oficialismo a articular todos los avales posibles para sortear eventuales resistencias y obstáculos en los tratamientos.

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