Mega data centers en la Patagonia: promesas millonarias y alerta por la falta de regulación

En la región de Vaca Muerta, al norte de la Patagonia argentina y con recursos estratégicos a nivel global, se observa con cautela una nueva promesa de desarrollo: la posible instalación de mega data centers para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. 

El 10 de octubre de 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que contempla la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación, con una capacidad estimada de hasta 500 MW. Según Sur Energy, el proyecto podría implicar una inversión de hasta US$ 25 mil millones. OpenAI confirmó el acuerdo, aunque sin precisar montos ni escala.

La ubicación no fue confirmada, pero distintas versiones señalan a la provincia de Neuquén como principal candidata por su disponibilidad energética.

Pocos días después de ese acuerdo -en noviembre de 2025-, el Gobierno neuquino presentó el proyecto de “microrregión” para atraer estas grandes inversiones. Este corredor va desde la zona de influencia de Vaca Muerta, donde se ubican Añelo y Tratayén, hasta el río Limay, en la localidad de Arroyito.

La comparación con otra promesa patagónica es inevitable, más allá de que se trata de la misma región: el auge del fracking (técnica de extracción de petróleo o gas) en Vaca Muerta llegó acompañado de anuncios millonarios y promesas de transformación económica.

Los mega data centers también son grandes demandantes de agua, como el fracking, y pueden impactar fuerte en el ambiente. Pero, por el momento, no hay una normativa que regule su instalación.

Así lo reconocieron desde la propia Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. “De momento, no hay normativas específicas. Son tecnologías de implementación muy nuevas y complementarias al desarrollo de los hidrocarburos. Se está comenzando a trabajar”, indicaron ante la consulta de Chequeado y Ruido.

“La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, por lo que debemos generar marcos que combinen agilidad, claridad y seguridad jurídica. La ley de promoción de la Microrregión Núcleo es un paso en esa dirección”, explicó a ambos medios Rubén Etcheverry, secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén (Copade, que depende del gobierno provincial) y ex ministro de Planificación.

Tampoco existen normas locales ni anuncios al respecto.

A nivel nacional, la iniciativa se apoyaría en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado durante el gobierno de Javier Milei, que ofrece beneficios impositivos, regulatorios y en las importaciones para este tipo de proyectos.

En la última apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el Presidente reiteró el anuncio de un polo de desarrollo de inteligencia artificial en la Patagonia, y vinculó la instalación de esos centros de datos con el desarrollo energético, el RIGI y la inserción del país en las cadenas de valor occidentales.

Desafíos pendientes

Para algunos especialistas, el marco general del RIGI –sumado a la falta de regulaciones específicas– implica desafíos. Alan Rocha, comunicador social experto en extractivismo e investigador del Observatorio Petrolero Sur –una organización dedicada a promover la producción y consumo de energía de forma justa y sustentable–, advirtió a Chequeado y Ruido: “Esquemas legales como el RIGI ofrecen fuertes beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios. Pero esto puede ser regresivo en términos de control ambiental, uso del agua o supervisión financiera”.

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre –ONG que promueve y defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación– coincidió: “El RIGI es una regulación hecha a medida de los grandes inversores. Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales. Incluso pone condiciones por las que el Estado no puede obligar a las empresas a promover el ‘compre nacional’”.

A nivel provincial, existe interés en promover la instalación de esta industria. Etcheverry aseguró ante ambos medios que la actual gestión (del gobernador Rolando Figueroa) está impulsando la “economía del conocimiento” como eje estratégico para Neuquén. “Queremos que el desarrollo tecnológico trascienda la actividad hidrocarburífera y abra nuevas oportunidades económicas para la población local”, sostuvo.

En este sentido, remarcó las ventajas que tiene Neuquén: “Es un ‘microclima’ ideal para industrias tecnológicas que requieren confiabilidad energética, baja latencia de conexión, capacidad de refrigeración natural y un contexto previsible”.

Pero hasta ahora no aparecen normas específicas para regular o impulsar la actividad, más allá de las intenciones.

Busaniche destacó que el marco normativo para acompañar a estas inversiones debe ser amplio. “Se necesitan regulaciones no sólo de protección ambiental, sino también de protección de datos personales y que se les exija darle prioridad a las comunidades locales. Además, es importante que se obligue a hacer auditorías permanentes de consumo energético e hídrico, y que los titulares de los data centers se ocupen de las tareas reparatorias del impacto ambiental”, concluyó.