El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI: montos, plazos y beneficios

Tal como había anticipado Manuel Adorni el viernes pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso su tercer paquete de proyectos, el cual incluye el Súper RIGI, la ley de lobby, una iniciativa sobre ludopatía y la reforma al Etiquetado Frontal.

En lo que refiere al primero, trascendió el articulado del denominado "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", el cual está orientado a atraer inversiones superiores a USD 1.000 millones en sectores que hoy no operan en Argentina. El esquema, si recibe aprobación parlamentaria, tendría una vigencia de cinco años.

Según el texto, la iniciativa busca captar proyectos de gran escala en áreas tecnológicas y actividades consideradas nuevas para la economía local. En ese sentido, el mensaje que acompaña la propuesta especifica industrias como "inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital".

El régimen está concebido exclusivamente para emprendimientos que impliquen el desarrollo de actividades que "no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto", y deja fuera ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones existentes.

Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán canalizarse a través de "Vehículos de Proyecto Único" (VPU), sociedades constituidas ad hoc para cada iniciativa. El proyecto fija un piso mínimo de USD 1.000 millones por emprendimiento y exige ejecutar al menos el 20% de esa inversión en los primeros dos años desde la adhesión.

Entre las ventajas previstas figuran una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. Además, el proyecto contempla una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades que quedaría en 3,5% tras cuatro años de adhesión.

La iniciativa incorpora también beneficios aduaneros y cambiarios, como la exención de derechos de importación y exportación para bienes vinculados y productos exportados bajo el régimen, y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas de exportación: "20% al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo y 100% al tercero".

En materia de estabilidad jurídica garantiza 30 años en aspectos tributarios, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y habilita el sometimiento de controversias a arbitraje internacional. Además, requiere la adhesión expresa de provincias y municipios para que los proyectos en sus territorios accedan a los beneficios y advierte que cualquier norma local que modifique los incentivos podrá considerarse "nula de nulidad absoluta e insanable".