El Gobierno propone quitar la actualización automática de la AUH y modificar el régimen de discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso incorpora cambios de alcance social que afectan a la Asignación Universal por Hijo (AUH), otras asignaciones familiares y el régimen de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad.

La iniciativa todavía debe ser debatida por diputados y senadores y, por lo tanto, ninguna de las modificaciones propuestas se encuentra vigente.

Uno de los principales cambios aparece en el artículo 17 del proyecto, que propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Esa norma establece la movilidad de las asignaciones familiares y vincula su actualización con el régimen de movilidad previsional.

Desde 2024, las jubilaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que también alcanza a la AUH y otras asignaciones. Si el artículo es aprobado como fue enviado, esas prestaciones dejarían de contar con esa actualización automática.

El proyecto no establece una nueva fórmula que reemplace el mecanismo vigente ni fija una periodicidad obligatoria para los futuros incrementos. Esto no implica que la AUH vaya necesariamente a quedar congelada, sino que desaparecería la regla legal que actualmente determina sus aumentos y el Poder Ejecutivo tendría mayor margen para definir cuándo y cuánto actualizarlos.

El Gobierno ya había intentado introducir una modificación similar en el Presupuesto 2026, pero el Congreso eliminó ese artículo durante el tratamiento de la iniciativa. En el mensaje que acompaña al nuevo proyecto, el Ejecutivo destaca, por otra parte, la recuperación del poder adquisitivo de la AUH desde fines de 2023 y sostiene que, sumada a la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación.

Cambios en las prestaciones por discapacidad

El Presupuesto 2027 también propone modificaciones importantes sobre disposiciones incorporadas por la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Uno de los puntos centrales se encuentra en el artículo 39, que modifica el régimen de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La legislación vigente establece valores iguales para las instituciones obligadas a financiar las prestaciones y una actualización vinculada con la movilidad previsional. El proyecto elimina el criterio de valores universales: establece que la universalidad de las prestaciones no implicará necesariamente igualdad de aranceles y que el nomenclador nacional no contendrá valores únicos para todo el sistema.

De aprobarse esa modificación, obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores podrían acordar valores diferentes con los prestadores. Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, el proyecto contempla que los aranceles sean determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. También desaparece la actualización automática mensual actualmente vinculada a la movilidad previsional.

La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la discapacidad y legisladores opositores, que advierten que la eliminación de valores uniformes podría producir diferencias en las prestaciones según la cobertura o la jurisdicción.

Pensiones, empleo y cobertura de salud

El proyecto también modifica el régimen de las pensiones no contributivas.

La Ley de Emergencia actualmente permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado o el monotributo cuando los ingresos no superan dos salarios mínimos. El artículo 37 del Presupuesto propone que la prestación sea incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes tributarios general o simplificado.

También se proponen cambios en las condiciones de acceso a las pensiones. La iniciativa retoma la denominación de “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y modifica disposiciones incorporadas por la emergencia que vinculaban el acceso al beneficio con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, el artículo 41 propone derogar, entre otras disposiciones de la Ley 27.793, el artículo que garantiza cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.

Las modificaciones forman parte del proyecto general de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Su redacción definitiva dependerá ahora de la discusión legislativa y de los cambios que puedan introducirse durante el tratamiento en el Congreso.