Ley de Financiamiento Universitario: sancionaron al Estado con $100.000 diarios por el incumplimiento

La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno nacional por incumplir una orden judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores.

La sanción en primera instancia recae sobre Diego Santilli, el titular de la Jefatura de Gabinete, y se fundamenta en el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos aspectos centrales de la norma: la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. El monto de la multa podría modificarse y extenderse a otros funcionarios.

El magistrado resolvió avanzar con las llamadas "astreintes", sanciones económicas que se aplican por cada día de demora en cumplir una orden judicial. La decisión llegó después de que venciera el plazo de cinco días que el Gobierno había recibido para demostrar el cumplimiento efectivo de la medida. Según el juzgado, las acciones presentadas por el Ejecutivo no alcanzaron para acreditar que hubiera acatado completamente la cautelar.

El conflicto judicial se originó en la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025. El Gobierno promulgó la norma, pero condicionó su implementación a la determinación de las fuentes de financiamiento, una decisión que fue cuestionada ante la Justicia por las universidades.

En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar para exigir la actualización salarial y la recomposición de las becas. La resolución obtuvo respaldo judicial y quedó vigente, aunque el Poder Ejecutivo presentó recursos para cuestionar las decisiones que le ordenan aplicar la ley.

Desde el Gobierno sostienen que cumplieron con la medida cautelar y presentaron documentación para respaldar esa posición. Sin embargo, el juez consideró que no se acreditó la aplicación completa de los mecanismos de actualización previstos en la norma. La controversia continúa en la Justicia y el Estado nacional conserva la posibilidad de apelar la sanción económica.

La decisión se conoce en medio de un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas por el financiamiento del sistema, los salarios y las becas. Mientras las autoridades judiciales exigen el cumplimiento de la cautelar, las instituciones universitarias mantienen sus reclamos para que se aplique la ley sancionada por el Congreso.