Tarifas eléctricas en Entre Ríos: el debate sobre el costo real y el ranking nacional

El impacto de las tarifas eléctricas en Entre Ríos se ha convertido en el centro de una disputa informativa tras la publicación de los últimos datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, correspondientes a mayo de 2026. La información, lejos de ser interpretada de manera unívoca, ha dado lugar a dos enfoques contrapuestos sobre la realidad energética provincial.

¿La tarifa más cara o más baja?

Por un lado, el Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) ha puesto el foco en los usuarios residenciales sin subsidios. Según su análisis, el costo promedio de la factura en Entre Ríos alcanza los $85.090, cifra que supera el promedio nacional de $82.688. Desde esta perspectiva, el problema estructural reside en el peso del Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que impacta directamente en el bolsillo de las familias y la competitividad de los sectores productivos entrerrianos.

Por otro lado, la Secretaría de Energía provincial y la distribuidora Enersa ofrecen una lectura distinta, basada en la posición relativa de la provincia. Al analizar el ranking nacional, Entre Ríos se ubica en los puestos 17º (para usuarios sin subsidio) y 14º (con subsidio), situándose por debajo de los niveles tarifarios de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

Las causas de la divergencia

Esta diferencia en las conclusiones radica en los indicadores priorizados:

• Enfoque de costo absoluto: Prioriza el valor nominal frente al promedio país, señalando una carga excesiva sobre el consumidor final entrerriano, independientemente de la comparación regional.

• Enfoque comparativo/ranking: Destaca las políticas de gestión provincial, tales como la eliminación de impuestos provinciales en la factura, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE (del 1,8% al 0,8%) y acuerdos con municipios para bajar tasas locales. Según el gobierno provincial, estas medidas permitieron amortiguar el impacto de los aumentos nacionales.

La controversia refleja la complejidad de medir el acceso a un servicio esencial en un contexto de recesión. Mientras los sectores críticos advierten sobre la presión de los costos de distribución sobre el salario real, las autoridades provinciales defienden una política de ordenamiento administrativo que, aseguran, ha permitido mejorar la posición de la provincia en comparación con sus vecinas de la Región Centro, sin resignar inversiones en infraestructura.