Techint perdió una licitación millonaria y la decisión de Vaca Muerta pone en jaque a la red empresaria argentina

Una empresa india resultó adjudicataria de la licitación para suministrar caños destinados a un ducto de casi 500 kilómetros que transportará gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro, donde se prevé licuarlo para su exportación por vía marítima. El proyecto, valuado entre sus componentes en miles de millones de dólares, se posiciona entre las iniciativas más relevantes durante la gestión de Javier Milei y moviliza intereses estratégicos de la cadena energética nacional. Pero el problema es que la firma que perdió en la contienda por quedarse con ese negocio multimillonario fue nada menos que Techint. Las implicancias son muchas.

La decisión que generó cierta zozobra en algunos empresarios fue tomada en el ámbito privado por el consorcio a cargo del proyecto hidrocarburífero, y sus efectos comienzan a sentirse con rapidez. Uno de los impactos más visibles recayó sobre el grupo industrial que lidera Paolo Rocca y que históricamente ha sido referente en la fabricación de caños para el sector gasífero y petrolero. La elección de un proveedor extranjero en un contrato de tal magnitud supone un revés simbólico y económico para la compañía argentina.

Los responsables del desarrollo del gasoducto son los miembros de Southern Energy, que busca transformar el perfil exportador del país mediante una inversión de aproximadamente USD 15.000 millones para la producción y exportación de gas licuado. En ese esquema participan actores relevantes del establishment energético local, entre ellos Pan American Energy, Pampa Energía e YPF, lo que da al proyecto un carácter integrado entre capitales privados y empresas con fuerte presencia en el sector.

La decisión de adjudicar a la firma india Welspun no fue fácil: se debatió extensamente en la mesa de los petroleros y, según fuentes del sector, Horacio Marín -titular de la estatal YPF- propuso que Siat-Tenaris (Techint) tuviera más alternativas para mejorar su oferta. Sin embargo, los socios del proyecto estimaron que la estructura de costos y los márgenes posibles no permitían concesiones adicionales sin comprometer la viabilidad económica del conjunto.

Welspun compitió frente a 15 ofertas provenientes de diversos países y logró imponerse por un diferencial de precio notable: su propuesta quedó apenas por encima de los USD 200 millones y resultó cerca de un 40% inferior a la oferta de Techint, pese a las mejoras que ésta introdujo. La empresa extranjera ganadora ofreció además condiciones más flexibles en formas de pago y garantías, elementos que inclinaron la balanza en un proceso de compras altamente sensible al precio y al riesgo financiero.

Para Rocca y para Techint, la derrota tiene un doble efecto: por un lado, representa la pérdida de un contrato de gran escala en su territorio; por otro, es la evidencia de que la competencia internacional -fuera de la habitual referencia hacia China- también puede venir de otros polos industriales como India. Rocca había expresado públicamente su oposición a las importaciones consideradas desleales, defendiendo la producción local y el empleo que genera la cadena de valor energética.

El caso despierta además inquietudes entre las pymes: si una firma del tamaño y la influencia de Techint puede verse desplazada en una licitación doméstica, el panorama para empresas de menor porte es aún más incierto. No obstante, algunos actores advierten que no conviene sacar conclusiones apresuradas, pues las dinámicas varían por rubro, escala de producción y capacidades de competitividad internacional. El tema ha generado cruces entre el Gobierno y la oposición.

En paralelo a lo ocurrido con el gasoducto, se percibe un movimiento coordinado de industrias locales para frenar el avance de ingresos de productos que ven como peligrosos, no solo para la salud pública, sino para la estabilidad de su mercado. Fabricantes de electrodomésticos, cosméticos, juguetes y otros bienes han presentado denuncias administrativas y solicitan inspecciones técnicas que, en algunos casos, derivaron en multas y retiro de bienes del mercado. La operatoria incluye pruebas de laboratorio, búsqueda de incumplimientos normativos y apelación a las áreas del Estado encargadas de la producción y el comercio exterior.

La secretaría de Coordinación de la Producción, a cargo de Pablo Lavigne, aparece como un actor central en estas investigaciones, pese a que su perfil ideológico -en línea con el Gobierno- se asocia al libre comercio. El funcionario ordenó controles y reaccionado ante las denuncias concretas: un caso emblemático fue la retirada de una heladera importada de China y la imposición de sanciones a la empresa importadora tras constatar fallas técnicas que comprometían el desempeño del producto.

En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresarias trabajan para articular respuestas que incluyan relativizar algunos efectos de la apertura comercial mediante mejor control aduanero, redacción de reglamentos técnicos más precisos y sanciones ante prácticas como el subfacturado o el contrabando. Al mismo tiempo, voces vinculadas al Ejecutivo han planteado la posibilidad de utilizar instrumentos para neutralizar prácticas comerciales consideradas dumping, argumentando que ciertas políticas industriales de otros países alteran la competencia en mercados sensibles como el del acero.