El Gobierno disolvió la ANDIS y creó la Secretaría Nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional empezó el año con una reforma de fondo para la salud pública y el área de discapacidad. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei dispuso la prórroga de la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y redefinió el funcionamiento del área de discapacidad, que pasará a estar a cargo de manera directa al Ministerio de Salud.

La norma establece que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo descentralizado y quedará absorbida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que será parte de la cartera que dirige Mario Lugones. Se incluirá al personal, bienes, compromisos y partidas presupuestarias, con el objetivo de asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo justificó la decisión en las fallas estructurales detectadas en el funcionamiento de la ANDIS. Según el texto oficial, la agencia “opera sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos”, una situación que derivó en superposición de procesos, inconsistencias en la información y obstáculos para garantizar recorridos de atención integrales. Estas deficiencias, advirtió el Gobierno, impactan de forma directa en el acceso a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.

La medida ya había sido adelantada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada este martes. El funcionario cuestionó el desempeño del organismo y afirmó que la ANDIS acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Además, aclaró que los pagos de pensiones continuarán con normalidad y se garantizará el pago.

En esa línea, el DNU introduce cambios en la Ley de Ministerios para ampliar las facultades del Ministerio de Salud en materia de discapacidad. Se incluye el diseño, control y auditoría del sistema de pensiones por invalidez y se refuerzan sus atribuciones sanitarias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos, que pasarán a ejercerse de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional.

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que las irregularidades administrativas, financieras y tecnológicas detectadas, junto con el volumen de recursos involucrados, configuran una situación excepcional que torna inviable el tratamiento legislativo ordinario. Según el decreto, una demora en la implementación de los cambios podría profundizar la vulneración de derechos de las personas con discapacidad y poner en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales.

Prórroga de la emergencia sanitaria hasta fines del 2026

En el mismo sentido, la prórroga de la emergencia sanitaria —vigente desde diciembre de 2023— fue presentada como una herramienta indispensable para sostener el funcionamiento del sistema de salud. El Ejecutivo advirtió que la falta de extensión implicaría un riesgo inmediato para la red asistencial, con posibles consecuencias de carácter irreversible.

Tal como establece la Constitución Nacional, el DNU será girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una reorganización que, según plantea, busca fortalecer la trazabilidad, la eficiencia y la transparencia de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad y la salud.