Senadores

Sancionaron el Tratado de Patentes y la Ley de Tierras con tope del 15% para extranjeros

La Cámara alta aprobó la adhesión al PCT por 47 votos contra 22 y la norma de propiedad privada por 42 a 26, que además fija un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y un 30% por nacionalidad.

El Senado sancionó este jueves dos de los proyectos que el oficialismo había puesto en el centro de la sesión: la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que reincorpora el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros. La primera reunió 47 votos a favor y 22 en contra y la segunda, 42 adhesiones y 26 rechazos, al cabo de una jornada que se extendió por más de 12 horas.

El expediente del PCT llevaba 28 años en la Cámara alta: se había aprobado en 1998 y nunca caducó, porque la Ley 13.640 exceptúa de esa regla a los acuerdos internacionales. Diputados lo había devuelto en agosto pasado, en segunda revisión. El oficialismo lo desempolvó para cumplir uno de los compromisos del acuerdo comercial que el Gobierno firmó con la gestión de Donald Trump el 5 de febrero; el tratado también figura entre los compromisos asumidos con la Unión Europea y con los países de la EFTA en el marco del Mercosur.

El PCT permite presentar una solicitud de patente en varios países con un único trámite, que incluye búsqueda y publicación internacionales y requisitos formales estandarizados, y preserva la potestad de cada Estado para fijar sus propios criterios de patentabilidad. Con la Argentina, el sistema reúne a 159 países. La sanción llegó con un cambio clave: Diputados había incorporado en agosto la reserva del Capítulo II, que deja afuera los exámenes internacionales no vinculantes, a pedido de la industria farmacéutica local. Desde ese sector advirtieron por el "evergreening" —modificaciones menores para estirar monopolios— y por la pérdida de autoridad del INPI frente a las oficinas extranjeras.

El miembro informante fue el libertario Francisco Paoltroni, que subrayó que la Argentina "no pertenecía a este grupo hasta el día de hoy" y afirmó: "Acompañar este tratado es entender hacia dónde va el mundo". Su par de Convicción Federal, Guillermo Andrada, anticipó su respaldo porque los investigadores "van a tener que hacer menos trámites", y la peronista disidente Flavia Royón destacó el beneficio para el sistema científico y tecnológico. Desde el kirchnerismo, José Mayans rechazó la adhesión: "Estamos por garantizarle un negocio tremendo a las multinacionales", dijo, y sostuvo que el acuerdo forma parte del tratado de libre comercio con Estados Unidos, por el que el país "le levanta aranceles a 233 productos".

En tanto, la ley de propiedad privada reincorpora la norma que el kirchnerismo había sancionado en 2011: fija un tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros, un 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. En materia de expropiaciones, dispone que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar el fin perseguido, y que la indemnización comprenderá sólo el valor objetivo del bien —el de mercado, cuando sea determinable— y los daños que sean consecuencia directa, sin valores afectivos ni ganancias hipotéticas. En ningún caso podrá superar el 30% del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre una afectación mayor.

El capítulo de desalojos fue el que más resistencias generó en el trámite. Para los alquileres con destino habitacional, el locador deberá intimar fehacientemente el pago y otorgar un plazo no inferior a diez días corridos antes de iniciar la demanda, que tramitará por el procedimiento más breve que prevea la ley; la notificación valdrá en el domicilio denunciado en el contrato, sea real o electrónico. El texto también reconoce beneficios a los ocupantes que acrediten posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años de un inmueble con destino de vivienda única y permanente.

En la misma sesión, el Senado aprobó por unanimidad la ley Joaquín, que obliga a garantizar la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros y postes en espacios públicos y privados para prevenir accidentes. Lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, el chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero en Junín de los Andes, Neuquén, cuando un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él. También avanzaron el proyecto que amplía el cabotaje (42 votos contra 24) y el de prevención de violencias que involucren a niñas, niños y adolescentes. Con las dos sanciones consumadas, la puesta en marcha de la adhesión al PCT queda en manos del Poder Ejecutivo.

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