En la industria textil hay 500.000 puestos de trabajo en riesgo por las importaciones chinas

La industria textil alertó sobre las consecuencias de la desregulación indiscriminada del comercio exterior y la falta de control de las plataformas digitales, que facilitaron una “avalancha” de indumentaria proveniente de China de “dudosa calidad” y que pone en riesgo la continuidad de una cadena de valor que da trabajo a 500.000 personas.

“Lo barato puede salir caro”, advirtió la Fundación Pro Tejer en un informe de la situación sectorial en el que se sostiene que “cuando no se regulan ni se fiscalizan los nuevos canales del comercio digital, se distorsiona la competencia y se debilita estructuralmente a la industria nacional, que queda obligada a competir en condiciones claramente desiguales”.

En ese sentido, y ante las ventajas para los consumidores que representa adquirir indumentaria más barata, remarcó que “lo que está en juego no es solo el precio de una prenda, sino el futuro productivo de la Argentina y la capacidad de compra de un asalariado actual sin trabajo mañana”.

Plataformas digitales

“La desregulación del régimen courier, la flexibilización aduanera y la falta de controles sobre plataformas digitales abrieron una puerta que China aprovechó como ningún otro país”, señaló Pro Tejer, que aclaró que el país asiático “no solo domina más del 70% del mercado textil importado, sino que también está desplazando la producción nacional y el trabajo argentino”.

Los industriales textiles plantearon que la indumentaria china ingresa con “ventajas imposibles para cualquier fabricante argentino”, entre las que señaló la falta de “certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetas, sin trazabilidad” y “también sin pagar impuestos”.

“El resultado no es simplemente ropa más barata”, aseguró Pro Tejer, que señaló entre las consecuencias “fabricas locales que cierran sus puertas, un taller que se apaga, un comercio que deja de vender y empleos que se pierden silenciosamente, sin que esas personas desplazadas tengan oportunidad de conseguir un nuevo empleo”.

El modelo chino

La entidad destacó que el crecimiento de las importaciones textiles chinas obedeció al levantamiento de una serie de medidas que “no frenan el comercio, sino que garantizan transparencia, trazabilidad y competencia con reglas claras” y con su desaparición “se abrió un canal de ingreso sin controles”.

Asimismo, hizo referencia al “uso masivo del régimen de courier y la irrupción de plataformas digitales chinas (como Shein, AliExpress o Temu) que operan directamente sobre el consumidor argentino, sin pasar por importadores, distribuidores ni comercios locales”.

“A eso se le suma un componente decisivo: los subsidios estatales chinos a los envíos internacionales, a través de programas como ePacket y China Post, que reducen drásticamente los costos logísticos y permiten ofrecer precios finales más bajos que las materias primas que se utilizan en la producción nacional, incluso considerando fletes internacionales”, indicó.

Argentina, por el camino inverso

Ese modelo, conocido como Ultrafast Fashion, viene siendo fiscalizado, regulado e incluso sancionado en varios países,  como Estados Unidos, México y los integrantes de la Unión Europea, pero la Argentina “peligrosamente recorre el camino inverso: flexibiliza controles y elimina exigencias”, aseveró Pro Tejer.

“Los países ya no discuten si deben regular, sino cómo hacerlo con el objetivo de minimizar daños al entramado productivo, la salud de los consumidores y la contaminación ambiental de los desperdicios de prendas de baja calidad”, insistió la entidad que cuestionó que la Argentina, por el contrario, “desarma mecanismos que no eran trabas, sino herramientas para garantizar competencia, resguardar la recaudación fiscal y sostener el derecho del consumidor a saber qué compra”.

Los industriales rescataron iniciativas como la presentada por el diputado Miguel Ángel Pichetto, “que propone aplicar un arancel específico, exigir la registración obligatoria e intentar equiparar condiciones tributarias para las compras locales realizadas en plataformas extranjeras”.

De esa forma, concluyeron, se podrán restablecer “condiciones mínimas de competencia” y evitar que las plataformas “operen con ventajas regulatorias extraordinarias que distorsionan el mercado y generan asimetrías competitivas”.