Crónica de un desastre anunciado: intereses económicos y disputa por la tierra detrás del fuego

La temporada estival de 2025-2026 ha consolidado una de las crisis ambientales más profundas de la historia reciente en Argentina, transformando vastas extensiones de la Patagonia en un escenario de cenizas que trasciende lo estrictamente climático. Según los últimos reportes de la Asociación Amigos de la Patagonia, la combinación del fenómeno de La Niña con una sequía persistente y temperaturas que han roto récords históricos en la zona cordillerana generó un ecosistema de vulnerabilidad extrema.

Sin embargo, este panorama no debe entenderse como una fatalidad natural, ya que las estadísticas oficiales y el seguimiento de organizaciones sin fines de lucro confirman que el 95 por ciento de los focos ígneos tienen su origen en la intervención humana, ya sea por negligencia o por una intencionalidad vinculada de forma directa a intereses económicos sobre el territorio.

Impacto ambiental y la degradación del bosque nativo

En este contexto, la superficie afectada ya supera las 450.000 hectáreas a nivel nacional, con un impacto devastador en provincias como Chubut y Neuquén. Esta pérdida no es solo cuantitativa, sino también cualitativamente irreversible para los bosques de lengas y araucarias, los cuales cumplen servicios ecosistémicos vitales como la purificación del agua y la captura de carbono.

Al respecto, Diego Salas, integrante de Greenpeace Argentina, sostiene que mientras destruir un bosque nativo siga siendo considerado un delito menor o simplemente una falta administrativa, los incendios continuarán ocurriendo como un mecanismo encubierto para el cambio de uso del suelo. Según explica el especialista, en el norte del país los bosques se destruyen para habilitar la ganadería intensiva, mientras que en el sur los incendios suelen estar vinculados a proyectos inmobiliarios de lujo que requieren la limpieza previa del terreno.

El desfinanciamiento estatal y la fragilidad operativa

Detrás de las estadísticas de hectáreas perdidas se encuentra el factor humano que sostiene la lucha contra el avance del fuego. Durante los picos críticos de este verano se requirió el despliegue de aproximadamente 1.500 combatientes —entre brigadistas nacionales, agentes de Parques Nacionales y efectivos provinciales—, sumados al apoyo de más de 3.000 bomberos voluntarios que oficiaron de muro de contención en localidades como El Hoyo o Villa La Angostura.

Sin embargo, esta fuerza operativa enfrenta una erosión silenciosa: el 80 por ciento de los brigadistas nacionales opera bajo condiciones de inestabilidad contractual, lo que ha provocado un éxodo de personal especializado hacia el sector privado en busca de mejores salarios.

Este desgaste profesional se ve agravado por un abandono institucional sistemático. Un relevamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que, en 2025, se dejaron de utilizar 20.000 millones de pesos del presupuesto asignado, mientras que para 2026 se proyecta una caída real del 71,6 por ciento en los fondos destinados al manejo del fuego.

Esta desfinanciación no solo elimina la agilidad para contratar medios aéreos tras la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, sino que impacta directamente en los viáticos y en la renovación de equipos de protección personal. En la práctica, esto obliga a los combatientes a cumplir jornadas extenuantes de hasta 14 horas con equipos de comunicación obsoletos y sin el respaldo de seguros de riesgo acordes a la tarea.

Mientras el debate político en Buenos Aires se centra en la rentabilidad de las tierras, en el territorio la labor de alta precisión se transforma en una mera tarea de supervivencia frente a la desidia oficial.

La narrativa oficial y la disputa por la propiedad privada

Desde la esfera política, el discurso oficial ha comenzado a preparar el terreno para una modificación sustancial de la normativa vigente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha señalado que leyes como la 27.604, que prohíbe la venta o el cambio de uso de tierras incendiadas por plazos de hasta 60 años, representan trabas al desarrollo y ataques directos al derecho de propiedad.

Esta postura puede ser analizada como la antesala de una nueva fase de extranjerización de la tierra. La Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011 bajo el concepto de soberanía sobre recursos estratégicos, se encuentra bajo asedio oficial bajo la premisa de atraer inversiones, omitiendo que actualmente existen cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en el país, lo que equivale a la superficie total de Inglaterra.

Soberanía y el mapa de la extranjerización de recursos

El mapa de la extranjerización, analizado por el Observatorio de Tierras (UBA-CONICET), muestra que en departamentos estratégicos de la Patagonia, como Lácar en Neuquén, la propiedad extranjera supera ampliamente los límites permitidos por la normativa original, llegando en algunos casos al 50 por ciento del territorio.

En este marco, el incendio forestal deja de ser un accidente para convertirse en una herramienta de mercado. Al destruir la protección del bosque, se reduce el valor de conservación de la parcela y se facilita su reconversión para desarrollos turísticos exclusivos o extractivismo, especialmente si se logran eliminar las restricciones de venta de tierras quemadas que el gobierno nacional busca derogar por considerarlas un castigo injusto para los propietarios.

Hacia una respuesta civil y legislativa integral

Ante este panorama, las organizaciones ambientales insisten en que la respuesta no debe ser solo operativa en el frente de batalla, sino también legislativa y civil. La exigencia de que la destrucción de bosques sea incorporada al Código Penal busca que el daño ambiental deje de ser un costo operativo más dentro de un proyecto de inversión.

Reconocer la labor de los brigadistas implica no solo el agradecimiento social, sino también la garantía de presupuestos que dignifiquen su tarea. Para la ciudadanía, la alerta temprana a través de los números de emergencia 100 o 911 sigue siendo la primera barrera de defensa, aunque la solución de fondo requiere de un compromiso estatal que garantice la restauración obligatoria de las zonas afectadas y el mantenimiento de las leyes que desincentivan la quema intencional con fines de lucro.