Reforma
El Gobierno anunció la privatización parcial de la empresa que gestiona las centrales nucleares del país
La medida se enmarca en la Ley N° 27.742 y forma parte de la política de transformación de compañías públicas. El proceso contempla la "venta del 44%" de sus acciones, informó el vocero Adorni.

"Es el fin del Estado empresario". Con esa sentencia, el vocero presidencial anunció este martes que el Gobierno avanzará en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía que gestiona las centrales nucleares del país. Manuel Adorni precisó que se "venderá el 44% de las acciones" a través de una "licitación pública nacional e internacional".
Además, el portavoz señaló que la medida se enmarca en lo estipulado "en la Ley Bases", donde NASA había sido incluida como una de las firmas estatales sujetas -total o parcialmente- a pase a manos privadas.
Según lo dispuesto, el Estado nacional conservará "el 51%" del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. Además, se habilitará "un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5%" para permitir la inclusión de los trabajadores en el esquema de acciones.
El Gobierno justificó la iniciativa en la necesidad de promover la inversión privada como parte del plan nuclear argentino. Entre los objetivos figuran la "construcción del primer reactor modular nacional", la extensión de vida de las centrales existentes y el impulso de la minería de uranio.
Durante 2023, NASA había recibido transferencias estatales por unos $700 millones, equivalentes a USD 2 millones a noviembre de ese año. En 2024, no se destinaron fondos, lo que marcó un cambio hacia un modelo de financiamiento con mayor participación del sector privado.
La administración libertaria destacó, en un comunicado emitido también este 16 de septiembre, que "la incorporación de capitales permitirá diversificar riesgos y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos". Entre ellos, se mencionó la "extensión de vida útil de Atucha I", que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados (ASECG II).
Con esta decisión, el Gobierno busca reafirmar su control sobre una empresa considerada estratégica y, al mismo tiempo, "atraer inversión privada" para potenciar el crecimiento del sector nuclear argentino en los próximos años.