El Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque pospuso su implementación

El Gobierno promulgó este lunes la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, vetada por Javier Milei pero ratificada por la Cámara de Diputados y el Senado, aunque postergó su aplicación hasta que el Congreso determine "las fuentes específicas para su financiamiento".

Ambas medidas fueron establecidas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, que aprobó la iniciativa sancionada por el Parlamento pero suspendió su implementación y ratificó la objeción presidencial que había sido dictada para "administrar cuidadosamente las cuentas públicas y no socavar el equilibrio fiscal".

En este sentido, en el primer artículo de la normativa, el Ejecutivo promulgó la Ley N°27.793, que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que en el segundo incluyó una salvedad.

Así, instruyó su comunicación al Poder Legislativo "en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga".

Para argumentar la suspensión de la aplicación, el Gobierno estimó en los considerandos del DNU que la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social "aumentará el gasto" en más de dos billones de pesos ($2.166.985.900.000) para el Ejercicio de 2025, lo que equivale al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), e implicará un adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47% PBI.

Además, advirtió por el costo del "Programa Incluir Salud", que otorga cobertura médica a los titulares de esas pensiones, y aseguró que representaría un "gasto adicional" de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y de $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI).

A su vez, señaló que la compensación económica de emergencia para prestadores sería de $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). Así, subrayó que la implementación de la Ley N°27.793 "demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000", lo que equivale al 0,35% PBI.

Al respecto, el DNU cuestionó que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional".

Ya al vetar la normativa, objetada junto al aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, el Ejecutivo había sostenido a principios de agosto que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de pesos siete billones ($7.000.000.000.000) para el año 2025; y de cerca de pesos diecisiete billones ($17.000.000.000.000) para el año 2026".